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22/10/2015

La conflictiva creación de Espacios Naturales Protegidos

Un trabajo de investigación del Dr. Pablo Vidal, director del Instituto Universitario de Antropología de la Universidad Católica de Valencia (UCV) San Vicente Mártir, y de la Dra. Ángela Calero, certifica que la “mala gestión” en la creación en 2007 del Parque Natural de La Puebla de San Miguel y la “falta de comunicación” entre la población local y la administración autonómica “se ha convertido en un elemento de conflicto, de división y de enfrentamiento”.



AUTOR: UCV

Ángela Calero y Pablo VidalA pesar de que han transcurrido más de seis años desde la declaración del último parque natural creado en tierras valencianas –en este caso, en la comarca del Rincón de Ademuz-, la situación actual, con el espacio protegido en marcha, “evidencia el divorcio y la herida abierta entre una importante parte de los vecinos y los gestores del parque”, lamenta Vidal.

 

El artículo titulado Stemming the Tide. Opposition and Conflict in the Creation of Natural Protected Areas. A case study of the Natural Park of Puebla de San Miguel (Poniendo puertas al campo. Oposición y conflicto ante la creación de Espacios Naturales Protegidos. El caso del Parque Natural de la Puebla de San Miguel) ha sido publicado en el número de septiembre de The Journal of Mediterranean Studies. Esta publicación de la Universidad de Malta está indexada en el primer cuartil del Journal Citation Report (JCR), el indicador de calidad más conocido y el más valorado por los organismos de evaluación de la actividad investigadora y es una de las más prestigiosas en el ámbito de la antropología.

 

Para elaborar la investigación, entre otros aspectos, el profesor también ha desarrollado un trabajo de campo en el que realizó entrevistas etnográficas a la práctica totalidad de los habitantes de La Puebla de San Miguel, así como con los responsables y técnicos del parque natural, miembros de la corporación municipal y funcionarios que participaron en su creación.

 

En opinión de Vidal, el caso de la gestación y creación de este parque de 6.300 hectáreas, que corresponde prácticamente con la totalidad de dicho municipio, es un “ejemplo claro de lo que no debe hacerse”, puesto que se gestó “a espaldas” de la población local que acabaron viendo la protección ambiental de su término como “una imposición que les iba a suponer restricciones y prohibiciones”.

 

En su trabajo, el profesor recuerda que la creación del parque se produjo al final de la “burbuja inmobiliaria” de la década de 1997 y 2007 que vivió España y “muy particularmente la Comunitat Valenciana con una construcción desaforada en las cercanías de la costa mediterránea”.

 

Así, como “política compensatoria” ante el incremento urbanístico, el gobierno valenciano intensificó la creación de espacios protegidos para “tratar de justificar los desequilibrios de la costa, legitimando la destrucción a través de la protección”, ha añadido.

 

Al respecto, el investigador ha recordado que los vecinos se enteraron de que su municipio iba a ser declarado parque natural a través de los medios de comunicación, ya que el alcalde de entonces, que gobernaba por sistema de concejo abierto, “no informó más que a su círculo de amistades más cercano”.

 

Vidal rememora que entre los escasos habitantes del pueblo, de unos 70 empadronados y unos 20 residentes habituales, cundió una “importante alarma social” y cuando desde la administración se hicieron las primeras reuniones informativas “la indignación ya había prendido y creado un clima de importante tensión”. Incluso produjo empadronamientos masivos que fueron investigados y un cambio político en el gobierno.

 

Años después, advierte el profesor, los vecinos, incluso los que más se oponían al parque no han observado restricciones ni prohibiciones, se ha contratado a personas para la gestión del parque natural y aumentado de forma significativa el número de turistas, “sigue una herida abierta” entre la población y los gestores del parque.

 

Vidal ha reconocido que este tipo de enfrentamientos entre la población local “que siente amenazada” y la administración que quiere proteger una zona natural es muy habitual y en su trabajo recoge casos similares producidos en otros países occidentales.

 

Diálogo por naturaleza

Por este motivo, el director del Instituto Universitario de Antropología de la Universidad Católica de Valencia apuesta por una necesaria “fase de diálogo, concertación y negociación” entre vecinos y administración ante la creación de un nuevo espacio protegido.

 

“Las administraciones concernidas han de hacer ver que la declaración es buena para los propios vecinos, atrae riqueza y fija población por su efecto reclamo, así como las autoridades deben establecer acciones compensatorias a los habitantes de la zona”, destaca el investigador.

 

Igualmente, el profesor Vidal concluye que “sin la participación, el diálogo y la concertación entre población local y responsables políticos, se podrá declarar un nuevo espacio protegido, pero se hará muy difícil realizar una gestión sostenible en el medio plazo”.

 

En su opinión, “sin el respaldo de la población, si la declaración de protección se ha hecho de espaldas o con la oposición directa de los habitantes de la zona, un espacio protegido como un parque natural carece de legitimidad y viabilidad a medio plazo, por lo que hay que reforzar todas las acciones de diálogo efectivo y previo, generalmente olvidados en estos procesos de protección del patrimonio ambiental”, asegura Vidal.


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