SOCIALES Y JURÍDICAS

Un estudio coordinado por Joaquim Rius, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València (UV), y elaborado en colaboración con la Universitat de Barcelona, advierte de la tendencia de recentralización cultural del Estado español.  

AUTOR: UV

La dificultad de elaborar una visión más plural, según los expertos, parte de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la concentración de la infraestructura cultural en la capital del Estado, o el hecho de que nunca se haya planteado una descentralización siguiendo un modelo federal, entre otros factores.

 

Los investigadores Joaquim Rius y Mariano M. Zamorano han analizado la relación entre el federalismo, las políticas culturales y la identidad plural en el Estado español, a través del desarrollo de las competencias culturales y la comparación del modelo español con otros como el anglosajón y el francés, por una parte, y el de Quebec (Canadá) por otra. Consideran que se está produciendo “una creciente inestabilidad del sistema en la política cultural, la cual desmiente en diversos aspectos que España sea un Estado federal”, apuntan.

 

Así, y según el trabajo publicado en la revista Publius: The Journal of Federalism, “la administración central del Estado ha establecido un control político y dinámicas estrictamente simétricas entre las 17 regiones y dos ciudades autónomas”, con lo que el resultado “no corresponde a un gobierno federal que actúa como coordinador entre partes federadas o que es representativo de la existencia de una diversidad cultural y nacional”.

 

El trabajo de Rius, profesor en la Facultat de Ciències Socials, y de Zamorano, Federalism, Cultural Policies, and Identity Pluralism: Cooperation and Conflict in the Spanish Quasi-Federal System, relaciona el actual modelo cultural del Estado español con otras fórmulas como la francesa. “Hay una importante centralización de la infraestructura cultural en la capital. Ello indica que es la continuación de un esquema centralista heredado de un estado totalitario e inspirado en el modelo intervencionista francés que promueve la identidad nacional”, ha dicho.

 

Asimismo –se expone entre las conclusiones del estudio–, “en más de 30 años la administración general del Estado no ha establecido ninguna organización democrática que promueva la cultura de las minorías nacionales, sus lenguas o su cultura y creaciones artísticas”.

 

En este sentido, el trabajo apunta: “En cambio, la política cultural de las comunidades autónomas se ha concebido como un escaparate para legitimar su existencia en el contexto de la descentralización, y cada vez más como un recurso para el desarrollo económico y una herramienta para la promoción de la cultura española a nivel nacional e internacional”.

 

La investigación marca como punto de inflexión en las relaciones culturales entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del año 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006. “El estatuto intentaba proteger los poderes de las autoridades de Cataluña en materias de cultura contra invasiones de sus competencias que han ocurrido desde el principio de la democracia, donde el Estatuto de 1978 determinaba la exclusividad de la responsabilidad en esta área. Por el contrario, la sentencia del Tribunal Constitucional insiste en convertirla en una competencia en la que se produce una concurrencia total o un paralelismo competencial, germen de ineficiencias y conflictos”, apunta Joaquim Rius.

 

Interpretación del Constitucional

 

Por otra parte, la sentencia del TC hace una interpretación también desfavorable del artículo 149.2, según los investigadores, respecto al concepto de “servicio de cultura como atribución esencial” y al deber de facilitar la “comunicación cultural entre las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas”. “Este concepto, según la sentencia, permite elaborar legislación básica unitaria, abriendo con ello una vía para la intervención de la administración general del Estado en la política cultural autonómica”.

 

Ello lleva a “indefinición competencial, constitucional y estatutaria, un factor opuesto a la federalización del Estado en materia cultural y que se materializa en actuaciones recentralizadoras como los planes de patrimonio inmaterial, que lejos de promover la diversidad cultural en clave plurinacional son utilizados para promover elementos controversiales de una concepción unitarista y tradicionalista de la identidad como es la tauromaquia”.

 

Soluciones a través del consenso

 

Joaquim Rius y Mariano M. Zamorano abogan por el consenso para solucionar la situación, a través del desarrollo de mecanismos y objetivos comunes de cooperación cultural en el marco de la diversidad cultural. “De lo contrario –apuntan–, esta dinámica de políticas culturales se mueve hacia un conflicto político e identitario”. En su trabajo, los autores también citan que solo un nuevo escenario político y constitucional permitiría la cooperación federal” en materia cultural.

 

Como ejemplo de una injerencia en materia cultural por parte del Estado, los expertos participantes en el estudio citan el caso de Platea, un programa cultural promovido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. Tenía el objetivo de apoyar la circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios de las entidades locales, para lo que se firmó un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias. 

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