A FONDO

Los diferentes agentes relacionados con la I+D+i de la Comunitat se dieron cita el pasado 1 y 2 de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo para abordar algunas de las cuestiones clave de la política científica actual. RUVID colaboró en la organización de las jornadas que fueron clausuradas por el conseller de Educación, Alejandro Font de Mora, y el rector de la Universitat de València, Esteban Morcillo.

AUTOR: RUVID

Durante el encuentro, Vicente Bellver Capella, director General de Política Científica, presentó las líneas generales del Plan General Estratégico de Ciencia y Tecnología 2010-2015 (PGECYT). Dicho plan fue aprobado recientemente por la CONCITEC y contó en su elaboración con contribuciones de las universidades valencianas.

 

Una de las principales novedades de las II Jornadas de Política Científica de la Comunitat Valenciana fue la constitución de cuatro grupos de trabajo que estudiaron las siguientes cuestiones en reuniones simultáneas: la carrera investigadora; la transferencia de los resultados de la investigación; la excelencia científica en la Comunitat, y, ciencia y sociedad. Los moderadores de cada grupo expusieron las interesantes conclusiones a las que llegaron al resto de asistentes el segundo día del seminario.

 

Cada grupo abordó una temática contemplada en el PGECYT y, tanto los relatores, como los demás asistentes, tuvieron la oportunidad de analizar las cuestiones más preocupantes de cada punto y de proponer medidas para paliarlas. Las contribuciones coincidieron en gran medida con las ya incluidas en el Plan General, prueba del consenso al que se llegó en su momento para redactar el texto que regulará la I+D de la Comunitat durante los próximos cinco años.

 

La carrera investigadora

 

La encargada de moderar el grupo de trabajo que trató la carrera investigadora fue Amparo Chiralt, presidenta de RUVID y vicerrectora de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia. La moderadora citó, en primer lugar, los problemas para incorporar personal a las plantillas ya que la creación de plazas depende de necesidades docentes, en el caso de la Universidad, o presupuestarias, en el caso de las instituciones. Apuntó además, que en los centros se encuentran reticencias del profesorado universitario a consolidar figuras con dedicación exclusiva a la investigación, mientras que el investigador ve como una amenaza la asignación de actividad docente en detrimento de su actividad investigadora.

 

Según Chiralt, en algunas universidades se ha producido la estabilización en puestos de investigadores de carácter permanente, creados en el ámbito funcionarial, no incluidos en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de personal docente e investigador, con cargo a capitulo I de personal, pero ubicados en la RPT del personal de administración y servicios. Se trata de puestos creados con criterios de productividad científica de las estructuras de investigación pero sin definición de criterios de promoción, incentivos, etc.

 

La vicerrectora trasladó a los asistentes la preocupación del grupo por el elevado número de contrataciones laborales con cargo a actividades de I+D+i que incluye, no solo a personal investigador, sino también técnico, gestores de I+D y personal de administración. A pesar de que dichos contratos dependen de financiación externa pública o privada, las actividades son muchas veces de carácter permanente y la contratación laboral temporal se encadena en sucesivos proyectos - suelen proceder de transiciones de becas, o contratos financiados en convocatorias públicas.

 

Estos contratos laborales ofrecen condiciones retributivas inferiores en muchos casos a las del personal asimilable e implican cierta inestabilidad laboral. Además, se carece de una regulación específica de las condiciones de trabajo por convenio colectivo y dichos contratos provocan efectos colaterales de difícil asunción en las plantillas fijas por falta de presupuesto y condiciones de la propia actividad. Se aplica la figura contractual de indefinidos no fijos de plantilla con su conflictividad de ejecución. La vicerrectora también recordó que, según la aplicación del Real Decreto Ley 10/2010 de 16 de junio de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, se limita el contrato de obra o servicio a 3 años o máximo 4 por convenio.

 

Este grupo de trabajo analizó, por otro lado, las implicaciones para la carrera investigadora del Proyecto de Ley de la Ciencia, la tecnología y la innovación. Entre sus objetivos, figura el intentar dotar a la comunidad científica de una carrera científica predecible, basada en méritos, socialmente reconocida, y con una movilidad en el desarrollo profesional del investigador organizada y planificada. El texto contempla nuevas modalidades contractuales ligadas a escalas científicas:

 

• Contrato predoctoral (temporal con una duración de hasta 4 años 6 en caso de discapacitados). Etapa de formación ligada a los programas de doctorado.
• Contrato de acceso al SECYT (doctores o equivalentes, temporal con una duración hasta 5 años).
• Contrato de investigador distinguido.

 

La futura Ley de la Ciencia establece, además, un sistema objetivo para la evaluación del rendimiento y la regulación del personal técnico. Sin embargo, según las conclusiones del grupo, no regula nada al respecto de la realidad y problemática actual y se prevé que continúen los problemas de titulación y nacionalidad.

 

Tras el análisis de la situación en la que se encuentra la carrera investigadora, la vicerrectora procedió a detallar las tres soluciones propuestas. La primera contempla el mantenimiento del contrato de obra o servicio pero permitiendo más flexibilidad en la definición. Esta medida debe ir acompañada de un ajuste de las características de las subvenciones a la realidad y no limitarlas a la contratación laboral temporal.

 

La segunda propuesta plantea el desarrollo de un marco normativo regulador para la contratación (en capítulo VI), acorde a las peculiaridades de la actividad profesional y las condiciones de trabajo. Se enmarcaría aquí la definición de la figura del investigador contratado laboral fijo, en convivencia con las figuras reguladas de funcionarios en universidades (PDI) y organismos públicos de investigación (OPI). Asimismo, cabría constituir un fondo de provisión (C-VI) para afrontar las indemnizaciones a que diesen lugar los despidos y/o otro tipo de reclamación. La asimilación de las retribuciones y resto de condiciones laborales a las categorías equivalentes es otra de las cuestiones a abordar, así como el garantizar procesos de selección rigurosos y adecuados al puesto específico de trabajo. También se planteó la posibilidad de reasignación del personal investigador a otros grupos de investigación en función de necesidades.

 

Finalmente, la tercera solución implicaría la contratación de investigadores por parte de organismos con personalidad jurídica propia y su ubicación en los entornos de investigación adecuados y seleccionados previamente por la excelencia de su actividad. En este sentido, se aplaudió la propuesta de la Generalitat de crear la Fundación ValI+D que podría permitir un panorama motivador de la carrera investigadora, la cual es altamente vocacional, y lograría atraer talento a la Comunitat Valenciana, fuera del marco restrictivo actual de contratación por parte de las universidades y OPI.

Transferencia de tecnología

 

El moderador del segundo grupo de trabajo, centrado en la transferencia de tecnología, fue Vicente Bellver, director General de Política Científica. En el grupo se constató la diferencia de criterios en cuanto a dos cuestiones relevantes en el campo de la transferencia:

1.- En cuanto a la idea de desarrollar o no sexenios de transferencia:
o A favor se esgrimió que constituyen unos incentivos para desarrollar todo el potencial de transferencia de las universidades y los centros públicos de investigación.
o En contra se sostuvo que las actividades de transferencia ya tienen su propio canal de retribución y que no sería adecuado retribuir dos veces por la misma actividad.

2.- En cuanto a si el profesor universitario tenía que ser un triatleta, que se dedica tanto a la docencia como a la investigación y a la transferencia, o más bien una persona que se especialice en aquella o aquellas actividades para las que resulte más idóneo.
- A favor se sostuvo que un buen universitario es aquel que compagina de forma equilibrada las tres facetas fundamentales de su trabajo.
- En contra se insistió en la dificultad de mantener un buen nivel en las tres actividades, cada día más competitivas.

Sí existió acuerdo en reconocer que, de las tres actividades, la docente es la que cuenta con menos estímulos para llevarla a cabo con excelencia. Puesto que es la primera función de la Universidad y la forma primaria de transferencia a la sociedad, se insistió en reforzar los estímulos para su desarrollo.

 

Junto a las diferencias de posición en las cuestiones mencionadas, se plantearon seis propuestas compartidas encaminadas a la potenciación de la transferencia de los resultados del conocimiento en la Comunitat Valenciana:

 

1.- Necesidad de establecer marcos estratégicos de relación al más alto nivel entre los agentes que protagonizan la transferencia:
o Entre la Universidad y la empresa. Aunque hay fundaciones universidad-empresa y voluntad de aproximación entre ambas partes, no existe una relación institucional ni entre la CRUE y la CEOE ni, a nivel autonómico, entre Cierval y RUVID.
o Entre la Universidad y los institutos tecnológicos. A pesar de la existencia de institutos de composición mixta, y de la ubicación de algunos institutos en los campus universitarios, se mantienen recelos entre ambas organizaciones, a pesar de que ambas organizaciones reconocen la necesidad de la otra. Sería conveniente establecer un pacto de colaboración estratégica al más alto nivel entre la RUVID y REDIT. Para estos pactos, el impulso de la Administración autonómico sería muy conveniente.

 

2.- Necesidad de potenciar la formación en el ámbito de la transferencia a distintos niveles:
- Formar a los profesores universitarios, y a los investigadores en general, en la transferencia.
- Formar a los estudiantes universitarios en el espíritu emprendedor. Los planes de estudio de los grados y masters recientemente aprobados se han elaborado atendiendo más a las necesidades del mundo universitario, que a las de la sociedad. Se ha perdido la oportunidad de configurar unos planes de estudio más atentos a la necesidad de la transferencia.
- Formar a los técnicos de transferencia en el emprendedurismo, de manera que estén familizarizados con el tejido productivo con el que van a tener que relacionarse.

 

3.- Necesidad de establecer un lenguaje común o, al menos, inteligible tanto por la universidad como por la empresa.
Se ha ganado mucho en este campo, pero se mantienen ciertos recelos e incomprensiones por las naturales diferencias entre ambos universos. La empresa busca confidencialidad y agilidad en la respuesta. El investigador busca la publicidad y antepone el rigor de su trabajo a la rápida respuesta. Los investigadores han de saber que, para lograr una acción de transferencia eficaz, su primer trabajo ha de consistir en la firma de un contrato de confidencialidad. También han de esforzarse por incrementar la agilidad de respuesta, que es lo que solicita el empresario. Conviene que la relación entre ambas partes sea directa y que las OTRI actúen como facilitadoras y no fiscalizadores de la actividad.

 

4.- Necesidad de flexibilizar las estructuras del sistema universitario y de investigación. En tiempos de crisis las empresas se reconvierten para adaptarse al nuevo entorno. Es lógico pensar que la Universidad responda de manera análoga, sobre todo si tenemos en cuenta que la rigidez normativa del sistema universitario constituye una importante rémora para promover la investigación de excelencia. Pero las propias universidades tienen una iniciativa limitada en este campo puesto que su marco regulador viene dado desde el Estado. De ahí que se propongan actuaciones para la flexibilidad normativa a nivel del Estado.

 

5.- Necesidad de distinguir entre sectores tecnológicos a la hora de incentivar las políticas de transferencia. Dentro de los sectores tecnológicos, algunos están regidos por el mercado mientras que otros están fuertemente intervenidos por la Administración por ser socialmente estratégicos. En esta segunda categoría de sectores, que incluyen algunos tan esenciales como el agua, la energía o el medio ambiente, es fundamental que la Administración actúe incentivando la investigación y la transferencia, y que lo haga no con criterios partidarios sino de interés general.

 

6.- Necesidad de contemplar los sectores empresariales tradicionales como potencialmente innovadores y necesarios para mantener un tejido productivo diversificado. Tanto los clusters como los sectores tecnológicos emergentes son positivos y ampliamente receptivos a la transferencia tecnológica. Pero es importante ver que, para el equilibrado desarrollo de la Comunitat, no basta con atender a estos sectores sino que es posible y conveniente potenciar la innovación en los sectores tradicionales.

Excelencia científica

 

Salvador Viniegra, vicerrector de Investigación de la Universidad Miguel Hernández de Elche, moderó el grupo de trabajo centrado en analizar la excelencia científica.

 

Según Viniegra, la excelencia existe en las universidades pero no está reconocida. Se encuentra constreñida por la burocracia asociada al desarrollo de la actividad investigadora. Se deberían implementar, por tanto, soluciones para ayudar a la gestión, como podría ser la incorporación de personal cualificado en gestión de proyectos y permitir la consolidación de plazas de gestor en los grupos científicos de excelencia.

 

Por otro lado, la participación en convocatorias de proyectos consume un importante tiempo al investigador principal. En opinión del grupo, la administración nacional y la autonómica deberían hacer esfuerzos encaminados a coordinar las fechas en las que se publican las convocatorias de proyectos. También deberían definir áreas estratégicas a partir de los núcleos de excelencia existentes y establecer convocatorias específicas para ellos.

 

Se apuntó también que la docencia y la investigación conforman la jornada laboral del investigador. El tiempo que se dedica a cada una de las dos facetas debería ser flexible, permitiendo que aquellos que hacen mejor investigación dispongan de más tiempo para ello a costa de dedicarle menos tiempo a la docencia. Para ello, la universidad debería establecer procedimientos que permitan flexibilizar la dedicación en función de las preferencias de cada profesor.

 

La consolidación del personal investigador esta muchas veces dificultada por la rigidez del sistema universitario, según los expertos. Es necesario establecer de un modo claro la carrera investigadora en la universidad de modo que permita la contratación de personal investigador estable asociado a grupos de excelencia y al desarrollo de proyectos relevantes. Igualmente se debería establecer mecanismos que permitieran contratar (fichar) a los mejores investigadores cuando las necesidades de un proyecto así lo establezcan. Se deberían establecer políticas para que no se marchen los excelentes y que permitan recuperar a los que en su día se fueron.

 

Viniegra recomendó que los grupos de investigación no permanezcan aislados. En este sentido, la creación de redes estables entre grupos de investigación debería fortalecerse por el gobierno nacional y el autonómico. Asimismo, la movilidad de los investigadores se debería potenciar e incentivar, estableciendo mecanismos flexibles que permitan atender la docencia durante el periodo de ausencia.

 

Una idea que se planteó durante la jornada fue la creación de Centros de Investigación autónomos con capacidad jurídica propia, lo cual permitiría flexibilizar el desarrollo de proyectos, eliminando la burocracia asociada a la gestión de los mismos. Así se obtendría también un mejor desarrollo de los grupos de investigación facilitando alcanzar la excelencia. El inconveniente de este tipo de acción, advirtió el vicerrector, es que se ha de regular bien, ya que puede llevar a una descapitalización de la Universidad al perder a los mejores científicos.

 

Los miembros del grupo admitieron que los medios técnicos de los que disponen las universidades son adecuados. “Podemos afirmar que estamos razonablemente bien dotados. Los fondos FEDER han permitido adquirir buenos equipos, pero necesitamos técnicos de apoyo a la investigación para manejarlos (carencia de recursos humanos). Por otro lado, desconocemos el material que existe en la Comunitat Valenciana por ello deberíamos crear un catálogo de equipamiento científico”, comentó Viniegra. Esto facilitaría una mayor utilización de los equipos. Además, convendría implementar un sistema para llevar de un modo adecuado el mantenimiento de dicho equipamiento.

 

En lo referente a las convocatorias de proyectos, existe una opinión unánime en cuanto al exceso de burocracia asociada a las mismas y al número de convocatorias existentes. Se recomienda implementar mecanismos que permitieran la concesión de financiación, en la renovación de un proyecto, a los resultados alcanzados en la anterior convocatoria, eliminando de este modo toda la información que actualmente se solicita para la renovación de proyectos. Se deberían mejorar los procesos e evaluación ex ante y ex post de proyectos. Es necesario potenciar las convocatorias que permitan mantener relaciones internacionales y la movilidad. Ambos son aspectos esenciales para alcanzar y mantener la excelencia. En el área de humanidades, es necesaria una convocatoria que permita la incorporación de recursos humanos a sus proyectos.

 

Con el objetivo de apoyar a los grupos consolidados para que alcancen y mantengan la excelencia, el grupo opina que se deberían establecer convocatorias específicas para los grupos de excelencia así como establecer una financiación basal para los centros que estén próximos a la excelencia, puedan alcanzarla.

 

Se debería evitar la financiación de proyectos con escasos recursos, indicó el vicerrector. Es mejor concentrar recursos en pocos grupos porque la dispersión de recursos no favorece la excelencia. Las convocatorias deberían ser estables en el tiempo. En este sentido, opinan que las modificaciones incorporadas en la convocatoria inicial del Programa Prometeo hacen que esta haya perdido parte de su sentido, por lo que el sentir unánime es que debe recuperar las características de la primera convocatoria.

 

Para alcanzar la excelencia los grupos de investigación requieren de una masa crítica. En este sentido, las políticas de dispersión llevadas a cabo en el Ministerio en etapas anteriores, en las que la promoción en la carrera universitaria va ligada a la necesidad de ser Investigador Principal de un proyecto, van en contra de la generación de grupos de investigación amplios, con masa suficiente para poder alcanzar la excelencia. Por ello, se deberían establecer las bases que permitieran eliminar la atomización de grupos de investigación actualmente existentes.

 

Para favorecer la excelencia, las universidades deben de ser capaces de seleccionar y potenciar los grupos excelentes, dotándolos de los recursos necesarios para alcanzar y mantener la excelencia. En opinión del grupo de trabajo, sin esta premisa difícilmente se puede alcanzar la excelencia. Finalmente, Viniegra resumió las tres cosas esenciales para alcanzar excelencia: recursos humanos, formación y financiación.

 

Ciencia y sociedad

 

El cuarto equipo de trabajo abordó la ciencia y la sociedad, moderado por Rosa Llusar, directora de los Servicios Centrales de Instrumentación Científica de la Universitat Jaume I. Los asistentes a esta reunión coincidieron en que la ciencia es un componente inexcusable de la cultura de la sociedad y que el ciudadano debe percibir una visión integral de la ciencia. En este sentido, el esfuerzo de los agentes públicos y privados por acercar la ciencia al público debe incrementarse de manera significativa.

 

Se comentó que al investigador se le espera que sea más que un triatleta porque además de las tareas de docencia, investigación y transferencia, se añadían ahora los de comunicar la ciencia, en el sentido de transmitir resultados, y divulgar la ciencia, es decir, trasladar conocimientos de interés general.

 

Se planteó el debate sobre la persona idónea para divulgar y/o comunicar la ciencia. La universidad, en cualquier caso, debería asumir un papel central en la comunicación de los resultados. El proceso partiría del investigador (productor de conocimiento) y el mensaje pasaría a través de una Oficina de Comunicación (intermediario) para llegar al periodista (transmisor), el cual difundiría la información al público (destinatario). Aunque en principio el proceso seguiría estos pasos, se apuntó que el científico puede tener acceso directo al periodista y viceversa por contactos previos o páginas web personales, por ejemplo. Asimismo, el científico accede al público directamente a través de charlas, conferencias, etc.

Las principales debilidades de la relación entre científicos y periodistas descritas por Llusar incluyen, en primer lugar, la desconfianza del científico hacia el periodista, en ocasiones debido a alguna mala experiencia en el pasado. Por ello, se recomienda la figura del periodista intermediario que desde las universidades asesore al investigador. En segundo lugar, la incomprensión por parte del periodista, sobre todo en el lenguaje empleado, pero también en las rutinas de trabajo. La tercera debilidad son los conflictos de intereses ya que en ocasiones el científico exige revisar el texto lo que va en contra de la labor periodística por cuestiones de confianza, de libertad de expresión, y por la rapidez con la que trabajan los medios. A pesar de las diferencias, se indicó que ambos colectivos comparten objetivos comunes: la alfabetización científica es cometido de ambos, y hay que compatibilizar el lenguaje científico con el del público en general.

 

Para este equipo de trabajo, el encargado de la Oficina de Comunicación de la institución científica se presenta como figura clave que ejerce de intermediario entre el científico y el periodista. Por una parte, se establece una relación de confianza entre el científico y el periodista de su institución, dispone de tiempo para preparar los temas, y tiene contacto directo con los expertos. Por otra, responde a los medios de comunicación con rapidez y eficacia, proporcionándoles contactos, artículos, imágenes, etc. A la vez que organiza actividades de divulgación para el público en general. Para realizar estas funciones, las oficinas de comunicación requieren personal especializado o comunicadores científicos. Este personal idealmente consistiría de periodistas con formación científica o científicos con formación periodística.

 

Se reiteró que la universidad debe asumir un papel central de nexo entre ciencia y sociedad y que la comunicación de la ciencia no debe restringirse a un único objetivo de promocionar a la institución. El grupo también apuntó que las oficinas de comunicación/divulgación de las universidades, del CSIC y de otras instituciones científicas fomentan el interés científico de los más jóvenes a través de iniciativas como la Semana de la Ciencia, las Rutas Matemáticas, exposiciones, etc.

 

Respecto a la valorización de la comunicación, Llusar defendió la idea de que la divulgación de la actividad científica debe valorarse como parte sustancial del CV de los investigadores y en la evaluación “ex post” de los proyectos de investigación. Entre las medidas en este sentido, se recordó que la Comisión Europea había establecido la obligación de presentar un plan de comunicación en la propuesta del proyecto y de seguirlo una vez aceptada.

 

Respecto a las nuevas tecnologías, los participantes en el grupo acordaron que las instituciones y organizaciones científicas deberían explorar las posibilidades que ofrece la red, en concreto las redes sociales, para proyectar a la sociedad su actividad investigadora. La Generalitat ha iniciado dos proyectos interesantes en este campo: la página web CONEC y la Oficina de Comunicación (VALCIENCIA).

 

A modo de conclusión, Llusar comentó: “la sociedad debe estar informada de la actividad investigadora para poder decidir con conocimiento de causa sobre los temas que le incumben sin que esto afecte a la libertad de cátedra de los científicos”.