SOCIALES Y JURÍDICAS

La investigación, basada en el proceso de elaboración de la Ley de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana, concluye que la participación ciudadana redunda en una mayor corresponsabilidad de la sociedad en la elaboración de las políticas públicas. 

AUTOR: UV

El trabajo, llevado a cabo por Glòria Maria Caravantes, investigadora en formación en el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local (IIDL) de la Universitat de València (UV), expone, no obstante, la dificultad de que las personas usuarias de servicios sociales participen en estos procesos.

 

De acuerdo con el estudio, todo el proceso supuso, además de una legitimación de la acción política, garantizar el derecho de participación ciudadana. Glòria Maria Caravantes incide en el carácter compartido y plural del proyecto, que ha servido para revalorizar los principios democráticos y los fundamentos de la cohesión social.

 

“No hay que olvidar que las personas profesionales de los Servicios Sociales Municipales son quienes más conocimiento tienen de la realidad social de las personas. El hecho de que, a voluntad política, se impulsaran diferentes espacios de participación de la sociedad, ha obligado a ceder en la estructuración de la norma a quien tenía responsabilidad política en la materia”, explica Caravantes.

 

La autora también destaca que el proceso participativo de gran envergadura acometido en esta ley está siendo replicado en otras normas en materia de vivienda y educación.

 

El estudio, El derecho de participación en las políticas sociales: el proceso participativo para la elaboración de la Ley valenciana de Servicios Sociales, describe las cuatro etapas en que se desarrolló el proceso participativo de elaboración de la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana.

 

La primera fase, que alcanzó de octubre de 2015 a mayo de 2016, consistió en una consulta abierta a la ciudadanía mediante una plataforma digital de la Generalitat Valenciana. Las personas usuarias de servicios sociales, los profesionales del ámbito, así como otros actores (entidades del tercer sector, universidades, sindicatos…) aportaron sus contribuciones para el texto preparativo de la ley.

 

La segunda etapa, que se prolongó entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017, se centró en la elaboración de fichas descriptivas de distintos aspectos de la normativa en preparación, que fueron llenadas por los actores sociales y por las entidades locales. Estas respuestas fueron fundamentales para la redacción de un documento de trabajo, elaborado por un grupo técnico y otro político, compuestos por representantes municipales y por personas expertas en servicios sociales.

 

En la tercera fase, se profundizó en el contenido del documento técnico y se clarificaron conceptos. Para recoger la opinión profesional, se enviaron cuestionarios a los agentes sociales y se organizaron unas jornadas participativas con personas expertas de toda España en legislación de tercera generación de servicios sociales y personas profesionales de Servicios Sociales. Con toda esta información, se redactó el Anteproyecto de Ley.

 

Finalmente, la cuarta etapa incluyó la fase de alegaciones y la tramitación parlamentaria, hasta llegar a su aprobación, en enero de 2019.

 

Desarrollo de servicios sociales

 

La Ley de Servicios Sociales fue aprobada en 2019 con el fin de mejorar la situación crítica que presenta la Comunitat Valenciana en el índice DEC, de desarrollo de servicios sociales. Además, la norma se proponía actualizar la legislación que regía el modelo de servicios sociales hasta el momento, de 1997, que se había quedado desfasada, según las personas impulsoras de la actual ley.

 

El objetivo pasaba para crear una normativa valenciana de tercera generación, el que implicaba la consagración de los servicios sociales como un derecho subjetivo de la ciudadanía y la elaboración de un catálogo de prestaciones básicas para toda la ciudadanía.

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