SOCIALES Y JURÍDICAS

El profesor de Derecho Penal de la Universitat de València (UV) aboga por utilizar los mecanismos administrativos adecuados para prevenir posibles malas praxis de la clase política, del funcionariado o de personas vinculadas a asuntos públicos.

“El impacto social de los juicios de corrupción pública puede haber sido positivo, ya que el agujero económico provocado ha llevado a mucha gente a protestar, a darse cuenta de que está siendo gobernada por personas que no tenían en cuenta los intereses de las mayorías sociales. Hablamos de un fenómeno nocivo para el estado democrático que debilita la protección de los intereses generales, el presupuesto público y los servicios básicos, como la sanidad, la educación y el derecho a la vivienda”, destaca Jorge Correcher.

El manual divulgativo, con la colaboración de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana, explica los diferentes tipos de delitos penales; el papel del Tribunal del jurado en los delitos contra la Administración pública; el impacto económico de la corrupción, que cifra en centenares de millones de euros; así como los diferentes casos valencianos, organizados por tipologías: prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a los funcionarios, entre otros.

El experto aboga por la prevención como mecanismo para evitar la corrupción pública. En este sentido, la transparencia es un factor clave. “La respuesta no es castigar mediante el derecho penal, sino que lo interesante sería poder prevenir ese tipo de comportamientos con una buena política de transparencia, es decir, mediante mecanismos preventivos administrativos”.

Se trata de medidas en que la prevención no implique la amenaza del castigo. Es reforzar los procesos de exposición y participación pública, revisar los actos administrativos, o, un caso muy significativo, la agencia valenciana antifraude.

La publicación en papel del Observatorio recoge 32 casos judiciales que en 2018 estaban ya juzgados y sentenciados, y de los cuales 30 son condenatorios. El Observatorio se publicó en Internet en 2018, y ahora se ha añadido una orientación más divulgativa para entender cómo la corrupción pública ha impactado en la sociedad.