SOCIALES Y JURÍDICAS

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29/04/2020

Analizan la libertad de expresión en redes sociales y la criminalización del discurso del odio en España

Los profesores de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, Fernando Miró Llinares y Ana Belén Gómez Bellvís, han analizado las sentencias relacionadas con delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, así como su influencia en la autocensura de los usuarios de redes sociales.



AUTOR: UMH

RUVID UMH AUTOCENSURA Free-speechEn un estudio publicado en el primer número de la revista Spanish Journal of Legislative Studies, concluyen que el control estatal de las expresiones ofensivas ha aumentado en los últimos años. También, que los usuarios de redes sociales se autocensuran a la hora de expresar sus opiniones, pero no por miedo a las consecuencias penales sino por la percepción social de lo que otros hacen.

 

Según los autores, es fácil encontrar manifestaciones públicas relativas a que la libertad de expresión en España está de capa caída debido a la excesiva criminalización de expresiones por medio del Código Penal. También, por la intervención de las grandes empresas de Internet, en particular, de las redes sociales que establecen sus propios límites a lo que se puede expresar en ellas.

 

Además, en los últimos años se ha hecho hincapié en los procesos penales abiertos contra tuiteros, acusados y en algunos casos condenados, por delitos como el de enaltecimiento del terrorismo.

 

Como consecuencia, los expertos denuncian que las criminalizaciones de determinados discursos van contra el derecho fundamental a la libertad de expresión y que el castigo y su severidad puede traer consigo el chilling effect o la autocensura de la ciudadanía por miedo a que le sancionen. En este contexto, los profesores de la UMH cuestionan si hay más o menos libertad de expresión en España. También, si las leyes y las normas de uso de redes sociales provocan autocensura en la ciudadanía.

 

Los investigadores, pertenecientes al Centro Crímina para el estudio y prevención de la delincuencia de la UMH, analizaron en primer lugar la posición de España en índices internacionales que miden el grado de libertad de los Estados; en segundo lugar, las sucesivas reformas de los delitos de expresión en España; y, en tercer lugar, analizaron 217 sentencias relacionadas con los delitos de discurso del odio y enaltecimiento del terrorismo y humillación a sus víctimas, resueltas en los últimos 20 años. Todo ello, con el propósito de observar si el ámbito de libertad de expresión se habría reducido por medio de las leyes y de la aplicación de éstas y qué impacto han tenido sobre esta restricción las redes sociales.

 

Los autores observan que desde 2014, han aumentado llamativamente los procesos penales y las sentencias por delitos de odio y de enaltecimiento del terrorismo, dos delitos que previa popularización de las redes sociales no habían sido especialmente aplicados, lo que apunta a un evidente impacto de las redes sociales en la libertad de expresión.

 

Para analizar si este aumento de la criminalización de expresiones incide en que las personas se autocensuren, realizaron una encuesta a 443 usuarios de redes sociales. Los resultados muestran que una gran parte de los encuestados se autocensura, pero que el Derecho penal y las normas de contenido, en particular la severidad de la ley y la certeza de que se aplica, no tienen un efecto directo en la decisión de expresar ideas en Internet, mientras que la percepción social de lo que otros hacen es decisiva.

 

Según los investigadores de la UMH, la popularización de las redes sociales como foro de expresión de ideas y de debate político ha incrementado la tensión entre la libertad de expresión y el control del discurso ofensivo o peligroso por parte de las autoridades.

 

Este estudio es una primera aproximación al problema, pero, en sus conclusiones, defienden que el modelo de cumplimiento de la ley basado en la disuasión sigue sin funcionar. Según explican, la criminalización excesiva no está justificada ya que, además, afecta a la libertad de expresión.

 

En los últimos años, organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras han llamado la atención sobre el aumento del control estatal sobre la libertad de expresión en España. Este análisis preliminar sobre la supuesta regresión de las libertades democráticas se enmarca en las investigaciones que el Centro Crímina UMH realiza sobre el análisis de datos de la conducta criminal, financiadas con fondos FEDER de la Unión Europea y las Redes de Excelencia de la Agencia Estatal de Investigación.


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